En medio de la crisis que vive la iglesia Católica en Chile, luego de que 14 Obispos renunciaran tras su reunión con el papa Francisco en el Vaticano. La orden religiosa dio a conocer la sanción canónica que impuso a dos sacerdotes de la congregación por cometer delitos de orden sexual.
Este jueves la Compañía de Jesús dio a conocer las sanciones canónicas interpuestas a los sacerdotes Raúl González y Juan Pablo Cárcamo tras una investigación que probó que cometieron delitos de índole sexual en años anteriores.
González fue acusado en 2011 por un ex alumno de la Escuela San Ignacio de Valparaíso, por abuso sexual en 1999, época en la que el denunciante era menor de edad. En el documento liberado por la Congregación se dice que «luego de acoger a la víctima y recibir la denuncia, la Compañía de Jesús inició una investigación canónica que, en marzo de 2012, concluyó confirmando la culpabilidad del Hermano González en los hechos denunciados».
El sacerdote fue inmediatamente trasladado a la Residencia de San Ignacio en Santiago, además de ser sancionado con la suspensión permanente de toda actividad pastoral, junto con la prohibición de contacto con menores sin la presencia de un adulto responsable. El documento también aclara «desde la misma fecha, el trabajo del Hno. González se limita a labores domésticas de su comunidad religiosa».
Mientras que a Cárcamo lo denunciaron en 2016 por «abuso de conciencia y transgresión en el ámbito sexual de una mujer adulta, en el marco de un retiro espiritual». De acuerdo al documento, Cárcamo asumió su responsabilidad, tras recoger antecedentes y testimonios. El documento revela que «al P. Cárcamo se le redefinió su trabajo pastoral y fue sancionado canónicamente dentro de su ministerio sacerdotal, con la suspensión de todo servicio de acompañamiento espiritual y dar retiros personalizados.
Esto se suma al cierre de investigación respecto a una serie de denuncias por abuso sexual en contra del padre Jaime Guzmán, por hechos ocurridos en 1994. El documento indica que todos los antecedentes recopilados fueron enviados al P. General de la Compañía de Jesús «para que estos sean remitidos a la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es órgano eclesiástico competente para juzgar los casos de denuncias por abuso de menores».