Editorial de Freddy Stock, jueves 17 de mayo.
Pena de muerte… La última vez que el Estado chileno asesinó por ley fue el 29 de enero de 1985, es decir, hace 33 años cuando los carabineros Carlos Alberto Topp Collins y Jorge Sagredo Pizarro, conocidos como los «psicópatas de Viña del Mar», enfrentaron el pelotón de fusilamiento. Y desde 2001, la pena de muerte fue abolida en el país lo que no impide que de tanto en tanto surjan voces que intentan reponerla.
Como ocurre ahora con un grupo de diputados de Renovación Nacional que presentó un proyecto de ley para reponerla como pena máxima, en particular, dice la parlamentaria Camila Flores, “ para los casos de violación con homicidio contra menores de edad».
Además, dice la diputada Flores, busca solicitarle “al Presidente de la República, a través de una instancia corporativa que se estudie efectivamente y con la seriedad que corresponde, tener una pena que sea equivalente a la gravedad del delito del que estamos hablando”.
Es muy probable que una idea como esta tenga apoyo popular y de ahí la seducción que provoca en ciertos parlamentarios, pero lo más peligroso para una sociedad es dejar la justicia al albedrío inexistente de las masas. Aunque existe aún en Estados Unidos, China y países del subdesarrollo, la pena de muerte es un hecho cavernario que nos transforma, como Estado, también en asesinos y nos pone ante la incertidumbre siempre latente de que podamos quitarle la vida a una persona condenada injustamente…