Editorial de Freddy Stock, martes 17 de abril.
Acá hay que hacer algo… Dice la página de radio ADN, citando al diario Austral, que el 64% de los ginecobstetras del Hospital Base de Valdivia, correspondientes a 14 de los 22 consultados, manifestó su objeción de conciencia para practicar la interrupción voluntaria del embarazo en el caso de violación.
Aún así, el jefe del Subdepartamento de Obstetricia y Ginecología del principal hospital público de la ciudad, Roberto Iglesias, le bajó el perfil a la situación asegurando que, «siempre habrá disponibilidad de especialistas, quienes trabajaránoportunamente y con seguridad». Esto de Valdivia va de la mano con lo que se registró en Osorno y el Huasco, donde en ambas provincias el 100% de los ginecólogos se opone a realizar un aborto en la causal de violación.
El asunto de la objeción de conciencia llegó a un punto indignante. Al menos el sistema público, el que financiamos todos los chilenos, no puede estar cautivo de las cavilaciones morales de un puñado de sujetos.
Las políticas públicas debieran aplicarse en beneficio de todos, por lo tanto, aquel que se siente imposibilitado para socorrer a una mujer violada, sencillamente no está apto para trabajar en el servicio público, del Estado, del Estado laico. Y si faltan especialistas, bienvenidos sean los extranjeros que bastante han contribuido en la historia del país. Porque la dignidad de las mujeres y la certeza de que no estamos prisioneros de creencias religiosas es intransable en un Estado que avanza hacia el desarrollo político, humano y social…