Vaya paradoja… el mismo día en que en la Cámara de Diputados se aprobaba por unanimidad la creación de la subsecretaría de derechos humanos, la Tercera Sala de la Corte Suprema –en fallo de mayoría- confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago y determinó la libertad del ex agente de Carabineros, Alejandro Sáez Mardones, asesino de José Manuel Parada, Santiago Nattino y Manuel Guerrero en el Caso Degollados.
Sáez Mardones estaba condenado a cadena perpetua y cumplía su pena en Punta Peuco. El abogado de este asesino celebró el fallo del Máximo Tribunal porque, dijo, estuvo sujeto a derecho. Otros defensores de presos de Punta Peuco se frotan las manos con esta determinación, como Raúl Meza, abogado de Miguel Krassnoff Marchenko, porque esta libertad para Sáez Mardones–dice- sería un precedente para el 60 por ciento de los violadores de derechos humanos recluidos en Punta Peuco.
Lo fácil acá es echarle la culpa a los tribunales pero la vergüenza ante este fallo debiera salpicar a muchos más, en verdad, a todos los que desde el Parlamento siguen protegiendo a torturadores de la dictadura o a otros que no han querido siquiera dar una batalla real por los derechos humanos pensando en las futuras generaciones de nuestro país. Esas batallas que cambian legislaciones para que asesinos como Sáez Mardones no anden felices por las calles…