«Perfectamente legal»… así definió el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, la empresa montada por la esposa del recién designado secretario ejecutivo de la reforma educacional, Andrés Palma (DC). La empresa de Ana María Correa y en la cual tenía intereses el mismo Palma, asesoraba a colegios que reciben subvención del Estado, era una ATE, es decir, de Asistencia Técnica Educativa (ATE). «Perfectamente legal y favorecida por la ley», añadió Nicolás Eyzaguirre. Y no dudamos de ello. Pero ¿dentro de qué legalidad era «perfectamente legal» la empresa de Ana María Correa y en la cual figuraba Andrés Palma como «profesional asociado»?
Y aquí la respuesta resulta curiosa porque es el propio ministro Eyzaguirre, flanqueado recientemente por Andrés Palma, quienes están por cambiar esta legalidad, una que permite el lucro con dineros del Estado y que tiene a las ATE, a éstas Asistencias Técnicas Educativas, como uno de sus bastiones cuestionados.
Es legal, pero contraproducente. Como que el marido de la ministra del Trabajo fuera contratado por Barrick en un puesto donde eran clave sus redes políticas. O que se justifique con la «legalidad» un hecho que nace de una realidad que se quiere sacar de cuajo…