Esta idea es de toda lógica…
Se trata de dos proyectos de ley impulsados por el diputado de la UDI, José Antonio Kast, para que no puedan asumir cargos públicos aquellos que tengan deudas no aclaradas del Fondo Solidario de Crédito universitario.
La situación fue puesta en el tapete por el diario El Mercurio, quien publicó una lista de 76 autoridades que eran morosas del crédito estatal. Algunas lo pagaron al ser consultados por los periodistas pero otros, como el alcalde de San Vicente de Tagua Tagua, Jaime González, dijeron que jamás la pagarían. Jaime González tiene una deuda que asciende a los 45 millones de pesos. El alcalde socialista justificó su “default” con el país con un argumento curioso: “No lo pagaré porque creo, dijo, que la educación gratuita es un derecho”. También, el edil aseguró que su acto de no pagar los 45 millones es, “de rebeldía. Desde mi visión es un derecho no pagar, (…) porque siempre es el pobre el que paga, el que está sometido y no tiene derecho a rebelarse”.
Por eso, para los que no distinguen el descaro de la rebeldía, es plausible la idea del diputado José Antonio Kast. Porque quienes deben dar ejemplo de probidad ante deudas pactadas son, precisamente, quienes ostentan cargos públicos. Sobre todo cuando esos compromisos son con el Estado que debe pagarle sus sueldos…