Uno arrastra el poncho y el otro no le da mucha importancia.
Así, de lejos, se ve el nuevo impasse entre el Gobierno y el Poder Judicial. Ayer, el Presidente Piñera criticó duramente el accionar de los jueces de garantía. Y esta mañana, en La Moneda, el mismo Presidente encabezó la segunda cita para trabajar en la reforma al sistema procesal penal. Se suma a todo esto, el envió de un requerimiento al Tribunal Constitucional contra la magistrada Marcela Figueroa, por el caso Niemeyer. Esto, porque la jueza excluyó 28 pruebas durante el juicio oral en contra del sociólogo detenido el año pasado por supuesta fabricación y colocación de un artefacto explosivo. De esta forma, como parte querellante, el Ejecutivo busca revertir dicha exclusión.
¿Y qué dijo la Corte Suprema frente a todo esto? Pues que no le molestan las declaraciones del Presidente sobre jueces de garantía, «porque está dentro de las facultades del derecho que tiene todo el país para opinar sobre esto». Y sobre el anuncio de una modificación a la reforma procesal penal, el ministro vocero, Hugo Dolmestch, comentó que «la Corte Suprema va a esperar el momento en que se le consulte por el proyecto en concreto. Y ahí dará su opinión sobre las modificaciones que se le plantean». Cool…
Para que haya pelea, dicen en el campo, hacen falta dos personas. Y el Poder Judicial, al parecer, entiende que este no es -al menos por ahora- un camino correcto.